La
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es el componente de justicia en el
Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición que se creó
con el Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y las FARC.
Eso
quiere decir que la JEP es la encargada de investigar y sancionar a los
responsables de delitos relacionados con el conflicto armado, lo cual incluye a
los combatientes de las FARC y del Ejército colombiano, como también a otros
agentes del Estado y a terceros civiles.
Como
lo ha dicho la Corte Constitucional, la JEP tiene “competencia prevalente y
exclusiva sobre los hechos del conflicto armado ocurridos antes del 1 de
diciembre de 2016, o estrechamente derivados del proceso de dejación de armas”.
Pero
eso no significa que otras autoridades judiciales hayan perdido su competencia.
Esa jurisdicción ha afirmado que “la JEP no admite colados” y que se han
rechazado al menos 43 solicitudes de extradición –esta afirmación es del 22 de
abril de 2019–. Sin embargo, el problema persiste, incluso si se rechaza a los
colados: las personas que se postulan para obtener los beneficios de la JEP
desgastan el sistema judicial, aun sabiendo que ni siquiera tienen opciones.
Y
lo peor es que este fenómeno no es nuevo: desde el principio, la JEP ha
recibido solicitudes de personas cuyo caso no tiene ninguna relación con el
conflicto armado.
Entonces
surgen varias preguntas:
¿Por
qué la JEP no ha aprendido de la experiencia con la Ley de Justicia y Paz para
ajustar los protocolos y evitar que la justicia se desgaste?
¿Por
qué al gobierno de Estados Unidos le ha bastado con revisar las listas de
personas presentadas a la JEP para saber quiénes son los presuntos
narcotraficantes?
¿Por
qué la JEP no ha detectado estas irregularidades desde el comienzo?
La
respuesta es obvia: los límites de la JEP no tienen controles efectivos. Hasta
que no se encuentren los mecanismos para que esos criterios funcionen, no habrá
mínimos que limiten el ingreso de cualquier persona. Y mucho menos podremos lograr
la reconciliación y reparación de la víctima.
Por
lo tanto, es necesario que los límites la justicia especial sean claros,
absolutos y contundentes. Ni siquiera deberían aceptarse las solicitudes de
personas que evidentemente no tienen ninguna relación con el objeto de esta
justicia. Estudiar y aceptar estos casos desvirtúa la finalidad de la JEP.
Ningún
país resiste tanta impunidad, tanta indiferencia ante las víctimas, tantas
mentiras, ni tanta complacencia de una Corte ante quienes debe juzgar. Y esto
es fácil de comprobar al estudiar similares acuerdos de paz firmados en otros
países, donde la justicia prevaleció y las víctimas y la sociedad en general
tuvieron verdad y reparación.
La
lentitud de la JEP en exigirles la verdad a los capos de dicho narco grupo
sobre las acciones cometidas por ellos: asesinatos, secuestros, reclutamiento
de menores, violación de mujeres, niñas y adultas, abortos forzados y miles de
desapariciones y torturas, no solo de militares y civiles, sino también de sus
propios compañeros es, sin duda, la mayor causa del posible derrumbe del
Acuerdo. Y ahora las Farc, conocedoras de la favorable actitud de la JEP hacia
ellas, ha montado un espectáculo excepcional, declarándose culpable ante esa
Jurisdicción Especial de Paz del magnicidio, hace 25 años, del político,
constituyente y académico Álvaro Gómez Hurtado, con un libreto que podría ganar
el Oscar por ¡mejor actuación! Dicha situación puede ser la gota que,
finalmente, derrame el vaso y acabe del todo con el Acuerdo. Ya Colombia tuvo
que aguantar la vergonzosa actitud de esa Corte en el caso de Santrich y sus
nefastas consecuencias. Aguantamos también que las poquísimas declaraciones
ante la JEP, dizque para contar la verdad, de los capos de las Farc, ahora
senadores de la Republica, fueran efectuadas a puerta cerrada, de espaldas a
los colombianos, mientras que los militares, inclusive los generales, debieron
declarar en públicos.
Ahora,
la JEP y las Farc nos presentan este nuevo circo. Para muchos, inclusive la
familia del líder asesinado y la de su guardaespaldas, José del Cristo Huertas,
quien murió tratando defenderlo, este es un descarado y astuto montaje para que
dicho crimen, considerado de lesa humanidad, quede bajo el manto de la JEP, sin
castigo y sin verdad. Esto es una vergüenza y ojalá los ojos del mundo lo vean
así. Es por estos motivos que la JEP
debe desaparecer como estamento de justicia, Colombia no puede permitir más
burlas a su inteligencia y a su solidaridad con las víctimas.
Por:
Germán Valencia Castro
@German_Valen_CT
Comentarios
Publicar un comentario